María Teresa Fernández de la Vega , vicepresidenta primera del Gobierno, anunció el nombramiento de un embajador en misión especial encargado de negociar los acuerdos bilaterales necesarios para permitir el ejercicio del derecho de voto en las elecciones municipales a los ciudadanos extranjeros con residencia estable en España.

El motivo fundamental de la comparecencia de Fernández de la Vega ante los legisladores fue para crear las reformas necesarias para dotar de mayores garantías y transparecencia al voto de los españoles residentes en el exterior, pero la vicepresidenta se refirió también al compromiso del Gobierno de reconocer el derecho a voto en las elecciones municipales a los extranjeros residentes en España.

Dado que la fórmula jurídica debe ser abordada "Estado por Estado" , lo que requiere una intensa actividad diplomática, el Gobierno nombrará un embajador en misión especial encargado de negociar esos tratados, comenzando por los países que cuentan con mayor número de inmigrantes en España y cuyo marco normativo lo haga más sencillo.

La vicepresidenta explicó ante la comisión que no consta la existencia de ninguna sentencia en la que el Tribunal Constitucional haya precisado el contenido de la "reciprocidad" exigida en el artículo 13 de la Carta Magna.

Invitó por ello a los grupos parlamentarios a estudiar, en la subcomisión que se creará en el Congreso, propuestas interpretativas de ese concepto, buscando siempre una lectura "razonada y razonable" del precepto.

El Gobierno aprovechará las posibilidades que ofrecen ya algunos tratados de cooperación y amistad ratificados por España y que prevén extender ese derecho a los extranjeros nacionales de los estados signatarios.

Eso ocurre con Noruega, Chile, Argentina, Colombia, Uruguay y Venezuela , pero sólo en el caso del primero de esos países se aplica ya ese derecho a los residentes que permanecen legalmente más de tres años de forma ininterrumpida en España.

Los demás países, explicó, precisan de la firma de acuerdos complementarios en los que se prevean las condiciones en las que se extenderá ese derecho tanto a sus nacionales en España como a los españoles residentes en su territorio.

El Gobierno explorará también las posibilidades de suscribir tratados con aquellos países cuya Constitución y cuya legislación lo haga posible, como Bolivia, Paraguay, Perú o Islandia .

En países como India, Argelia o Pakistán, la dificultad para la firma del necesario acuerdo de reciprocidad dependería de la modificación previa de su legislación electoral , y en otros como Brasil, Ecuador, Guatemala o República Dominicana , la firma está supeditada a un cambio de su propio texto constitucional, porque es la que lo impide.

A pesar de las dificultades, la vicepresidenta reiteró el deseo del Gobierno de extender el ejercicio de ese derecho al máximo número de ciudadanos extranjeros residentes en España.